El posible cambio en el régimen tributario abre una discusión sobre el ritmo al que Paraguay debería retirar los beneficios a la electromovilidad. El sector automotor plantea gradualidad, diferenciación entre tecnologías y reglas previsibles, mientras advierte sobre el impacto que una modificación anticipada podría tener en las inversiones.
El eventual cambio en los incentivos tributarios para vehículos eléctricos e híbridos empieza a generar una discusión que trasciende el tratamiento impositivo. Para el sector automotor, el punto central está en cómo modificar el esquema vigente sin alterar de manera brusca las condiciones sobre las cuales se viene desarrollando el mercado.
José Carlos Bogarín, presidente de Automotor, señaló que el sector está dispuesto a acompañar el proceso de modificación, aunque considera necesario contar con reglas claras y previsibles que permitan planificar las decisiones de inversión y comercialización.
El planteamiento que analiza el sector contempla reducir al 50 % los beneficios tributarios durante un primer periodo para luego avanzar hacia la aplicación plena de los impuestos. Para Bogarín, una implementación progresiva permitiría acompañar la expansión del mercado y ampliar la base de consumidores.
La discusión también incorpora una diferencia entre las tecnologías. Según el empresario, los vehículos eléctricos puros representan actualmente entre 3 % y 4 % del mercado, mientras que los híbridos tienen una participación cercana al 10 %. Bajo ese escenario, planteó que ambos segmentos podrían tener un tratamiento tributario acorde con sus características.
Incentivos y perfil del mercado
Bogarín también planteó concentrar los incentivos en los vehículos eléctricos de mayor volumen de mercado y considerar un tratamiento diferente para los modelos de alta gama.
El planteamiento introduce otro elemento en la discusión: no todos los vehículos electrificados representan el mismo segmento de consumidores. Por ello, la propuesta del sector apunta a que una eventual modificación tributaria contemple tanto las características de cada tecnología como el objetivo de ampliar la adopción de estos vehículos.
El presidente de Automotor sostuvo además que el mercado automotor paraguayo atraviesa un periodo de crecimiento, favorecido por factores como el desempeño de las exportaciones, el tipo de cambio y los precios de los combustibles. En ese contexto, considera que el cambio en los incentivos debería acompañar la evolución del mercado y, al mismo tiempo, permitir avanzar hacia una mayor recaudación.
La preocupación por cambiar las reglas
Desde otro ángulo, Miguel Carrizosa, empresario del sector y referente de Cadam, puso el foco en la previsibilidad del marco vigente. Advirtió que una modificación antes de cumplirse el plazo previsto por la normativa constituiría, a su criterio, una señal contradictoria con el discurso que el Gobierno lleva adelante sobre electromovilidad.
Carrizosa sostuvo que el sector tomó decisiones e inversiones bajo una regla planteada para un periodo de diez años y que modificar las condiciones a mitad de camino podría restar velocidad a nuevas inversiones.
Su argumento también se extiende a la infraestructura que acompaña el crecimiento de los vehículos eléctricos. Según señaló, entre 85 % y 90 % de la red de carga instalada en Paraguay fue desarrollada mediante inversión y capacitación del sector privado, con presencia en hoteles, estacionamientos, centros comerciales y rutas.
El empresario cuestionó, además, que algunas disposiciones contempladas en la ley de electromovilidad todavía no hayan sido cumplidas por el Estado. Entre ellas mencionó la instalación de cargadores rápidos en municipios con más de 60.000 habitantes y la meta de que las instituciones públicas cuenten con un 50 % de su parque automotor con energía alternativa.
El debate, por tanto, se concentra en el ritmo de la transición. La discusión ya no pasa únicamente por mantener o eliminar beneficios tributarios, sino por definir cómo acompañar la evolución del mercado, qué tecnologías priorizar y qué condiciones ofrecer a las empresas que deben tomar decisiones de inversión en un escenario regulatorio en revisión.
Carrizosa agregó que el sector reúne actualmente más de 15.000 empleos directos y casi 400 sucursales en el país, además de contribuir regularmente al IPS y ubicarse entre los mayores contribuyentes formales de la economía.
Una transición todavía en discusión
Las posiciones de ambos referentes coinciden en un punto: el sector no plantea simplemente mantener sin cambios el esquema actual, sino que reclama previsibilidad sobre la forma y el momento en que se modificarán los incentivos.
Mientras Bogarín pone el énfasis en una reducción progresiva y en diferenciar tecnologías y segmentos, Carrizosa advierte sobre las consecuencias de alterar las reglas antes del periodo previsto y señala que todavía existen compromisos vinculados con la infraestructura y la adopción de vehículos de energía alternativa que deben ser considerados.