Parlamentarios dan marcha atrás al proyecto de incentivos a la electromovilidad.
A pesar de haber obtenido previamente una aprobación parcial por parte de la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados rechazó el proyecto de ley sobre los «Incentivos para la Adquisición de Autobuses de Transporte Público Eléctricos o Híbridos en Paraguay».
Durante la sesión ordinaria realizada el martes 8 de agosto, el documento ha sido devuelto a la cámara de origen para un proceso de revisión y reevaluación.
Tuvo la objeción de la Comisión de Presupuesto, cuya presidenta, María Cristina Villalba (ANR-Canindeyú), defendió el dictamen de rechazo.
La Ley N° 6925/22 “De incentivos y promoción del transporte eléctrico en el Paraguay”, se halla en proceso de reglamentación y, además, mencionó que el informe técnico del Ministerio de Hacienda no dispone el objetivo específico del fondo a crearse a partir de partidas presupuestarias a ser establecidas por el Poder Ejecutivo.
El diputado Antonio Buzarquis (PLRA-Caaguazú), coincidió que el proyecto presenta algunas falencias que podrían subsanarse con modificaciones, por lo que solicitó sea aplazado en su estudio.
Sin embargo, desde la presidencia se le hizo notar que, materialmente, no hay tiempo, teniendo en cuenta que el proyecto tiene sanción ficta el 17 de agosto próximo.
El proyecto rechazado faculta al Poder Ejecutivo a implementar, en forma equitativa, un subsidio destinado a apoyar la transición inicial hacia tecnologías más eficientes y sostenibles en el transporte público colectivo de pasajeros, mediante sustitución anual de hasta el 10% de su flota de ómnibus con motor diésel por ómnibus con motorización eléctrica o híbrida.
Establece que el subsidio no podrá ser superior a la brecha entre el costo de adquisición en el mercado local de un ómnibus con motorización eléctrica y el costo de adquisición de un ómnibus con motor diésel en el mercado local.
El documento ha sido devuelto a la cámara de origen para un proceso de revisión y reevaluación.
La ley 6925/22 tiene por objeto establecer el marco normativo que regule la promoción del transporte eléctrico en el país y el fortalecimiento de las políticas públicas de incentivo de su uso en el sector público y en la ciudadanía en general.
Dispone de exoneraciones impositivas, incentivos y normas de políticas públicas para la producción y ensamblaje de vehículos y autopartes y el uso del transporte eléctrico como transporte de energía limpia.